Édgar Ávila Pérez / El Universal
“Por primera vez quiero compartir mi testimonio de lo que ocurrió”, dijo el académico colombiano, Leonardo Ariel Escobar Barrios tras estar desaparecido un lapso de casi quince días en Monterrey.
Con un traje azul, el académico de la Universidad Iberoamericana Puebla exhibió su testimonio de su desaparición, la cual generó protestas airadas de las universidades jesuitas e incluso una movilización estudiantil en la capital poblana.
En las imágenes difundidas en la casa de estudios, denunció haber sido golpeado por elementos de la Guardia Nacional, detenido por tres días en la comandancia de la Policía Municipal de Apodaca y tras perder sus pertenencias, deambular desorientado hasta ser ingresado a un refugio para personas en situación de calle.
“Es la primera vez que hablo desde mi voz, es la primera vez que daré mi testimonio”, destacó y recordó que llegó el 31 de diciembre al Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo de la ciudad de Monterrey como parte de una escala de su vuelo a la Ciudad de México.
“Una escala en la cual solo pensaba estar tres horas y después tomar un avión a la Ciudad de México y no fue posible por situaciones extrañas”, expuso.
Fue detenido –describió- por elementos de la Guardia Nacional, quienes –acusó- lo golpearon y le fracturaron tres costillas; en el relato, el académico no explicó los motivos de su detención por parte de agentes federales.
Durante tres días –prosiguió- estuvo en una celda del municipio de Apodaca, de donde fue liberado con sus pertenencias, sin embargo, afirmó que se encontraba desorientado y al tratar de acercarse al aeropuerto de Monterrey fue despojado de sus pertenencias.
“Llegó un punto donde no fui inadmitido al aeropuerto de Monterrey por razones que desconozco, en total solo pude pasar una noche en el Aeropuerto de Monterrey, posteriormente se me vio obligado a deambular en las inmediaciones del aeropuerto, después la policía empezó a alejarme más y más y más del aeropuerto”, dijo.
Escobar Barrios describió que sin documentos y sin dinero, estuvo en una situación vulnerable; incluso reveló que durante cuatro días deambuló sin comer o tomar agua y sin recibir algún tipo de asistencia.
“Fui orillado a una situación de calle, me vi obligado a refugiarme en la maleza para tratar de evadir el sol y evadir una deshidratación crónica y esto ocurrió por varios días y noches, afortunadamente después de muchos días fui rescatado por una patrulla que maneja una clínica de rehabilitación que me confunden con habitante de calle y me llevan a esta clínica en el municipio de Juárez”, detalló.
En esa clínica, dijo, permaneció diez días en inconciencia, sin hablar ni dar detalles de su identidad; y fue hasta el 15 de enero cuando recobró la conciencia y recordó quién era y cómo se llamaba.
Si bien agradeció el estar vivo, denunció que su caso no se trata de un hecho aislado, sino de discriminación institucional contra las personas originarias de Colombia.
“No es aislado, se trata de una condición discriminatoria, los colombianos que trabajamos en México o los colombianos que visitamos México no tenemos necesidad de tramitar visa, pero si la obligación de llenar un pre registro migratorio donde proporcionamos todos nuestros datos”, acusó.
Y denunció irregularidades en su caso, como que su detención no fue reportada en el Registro Nacional de Detenciones; que no se le leyeron sus derechos ni se le permitió comunicarse con su familia; mal trato en las celdas de la policía de Apodaca; y sin asistencia médica en el Aeropuerto de Monterrey.
En tanto, el rector de la casa de estudios, Alejandro Guevara Sanginés, llamó a las autoridades federales y estatales a cumplir con su deber de justicia, pues la sola localización del académico no basta.
“Recordamos que la localización con vida no es sinónimo de justicia, es apenas el primer paso para el esclarecimiento de los hechos, el deslinde de responsabilidad en las autoridades y la reparación a las víctimas”, demandó.
Además, reiteró las inconsistencias identificadas desde el primer momento de la desaparición, las cuales –acusó- no han sido aclaradas por las autoridades municipales de Apodaca ni la Guardia Nacional.
“Lo que es relevante para la búsqueda de la verdad, así como para evitar la continua narrativa de estigmatización y criminalización dirigida hacia el Dr. Escobar Barrios”, demandó.
El directivo lamentó la filtración de información y registros audiovisuales a medios de comunicación por parte de las autoridades que promueven la revictimización y/o criminalización del académico, por lo que llamó a las autoridades a ser garantes de los derechos humanos de las víctimas frente al abuso del poder, evitando prácticas estigmatizantes y discriminatorias.
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